En los dos últimos años los concursos de acreedores han dejado de ser una rareza para convertirse en una salida cada vez más habitual para empresas en dificultades. El número de procedimientos se ha disparado, especialmente entre pymes y autónomos, y las previsiones apuntan a que la tensión va a mantenerse. En este contexto, entender qué está pasando y qué herramientas ofrece la Ley Concursal es clave para cualquier empresario.

1. Por qué están aumentando los concursos

Varios factores explican el crecimiento de los concursos y de las situaciones de insolvencia:

  • Fin progresivo de ayudas y moratorias tras la pandemia, que ha dejado al descubierto problemas financieros que se venían arrastrando.

  • Subida de tipos de interés, que encarece la financiación y hace inviables proyectos que con tipos bajos eran sostenibles.

  • Aumento de costes (energía, materias primas, alquileres, salarios) que ha comprimido márgenes y ha agotado el colchón de muchas pymes.

  • Endurecimiento del crédito bancario y más cautela de proveedores, que limita la posibilidad de “aguantar” solo con financiación a corto plazo.

El resultado es un tejido empresarial aparentemente estable en la superficie, pero con muchas compañías operando al límite. De ahí que algunos expertos hablen de una “insolvencia silenciosa” que se va traduciendo en más concursos y reestructuraciones.

2. El espejismo de la bajada de concursos en 2026

En los primeros meses de 2026 algunas estadísticas muestran un ligero descenso en el número de concursos respecto al año anterior. Esto puede llevar a pensar que la situación está mejorando, pero la interpretación no es tan sencilla:

  • Siguen vigentes determinadas moratorias contables que permiten a las empresas no tener que disolverse de inmediato pese a acumular pérdidas.

  • Muchas pymes están retrasando el momento de acudir a un concurso o a un plan de reestructuración, con la esperanza de una mejora del entorno.

  • Hay un uso creciente de mecanismos preconcursales (planes de reestructuración, acuerdos con acreedores) que no siempre se reflejan igual en la estadística.

Por eso, una reducción puntual de concursos no significa necesariamente que las empresas estén saneadas, sino que puede haber un desplazamiento temporal de la insolvencia. Para el empresario, la conclusión práctica es clara: no debe confiarse en la “foto oficial”, sino mirar con lupa sus propios números.

3. Del concurso clásico al “derecho concursal preventivo”

La reforma concursal ha cambiado la lógica tradicional de “aguantar hasta el final y, si no hay más remedio, ir a concurso”. Hoy el foco está en actuar antes:

  • Planes de reestructuración: permiten renegociar deuda, pactar quitas y esperas, vender unidades productivas o modificar la estructura de capital antes de que la situación sea insostenible.

  • Herramientas específicas para microempresas y autónomos, con procedimientos más ágiles y adaptados.

  • Mejora del mecanismo de segunda oportunidad para empresarios personas físicas, facilitando la exoneración de deudas en ciertos casos.

Para la empresa deudora, esto abre una ventana muy valiosa: si detecta la crisis a tiempo, puede ordenar sus finanzas, negociar con acreedores y salvar la actividad, en lugar de llegar a un concurso liquidatorio sin alternativas reales.

4. Señales de alerta: cuándo debe preocuparse una empresa

Más allá de los grandes titulares sobre récord de concursos, lo relevante es saber cuándo una empresa debería plantearse seriamente acudir a un profesional especializado. Algunas señales:

  • Incapacidad reiterada para atender pagos corrientes (proveedores, Seguridad Social, Hacienda, salarios) sin recurrir de forma continua a financiación de emergencia.

  • Necesidad de ir encadenando pólizas, créditos rápidos o refinanciaciones solo para mantener el día a día.

  • Pérdida de clientes clave o márgenes tan reducidos que la empresa trabaja “solo para pagar intereses y proveedores”.

  • Acumulación de embargos o ejecuciones que comprometen la operativa diaria.

  • Tensiones de tesorería crónicas, sin un plan realista de reversión.

Si varias de estas señales se dan a la vez, esperar suele empeorar la posición de la empresa y limitar sus opciones de reestructuración.

5. Errores habituales de las empresas deudoras

La práctica concursal muestra una serie de errores recurrentes que conviene evitar:

  • Llegar tarde: muchas compañías acuden a concurso cuando ya no hay actividad que salvar ni valor que preservar.

  • Confundir facturación con liquidez: aunque entren ingresos, si el ciclo de cobro es largo y el de pago muy corto, la empresa puede estar objetivamente insolvente.

  • No separar la esfera personal de la empresarial, mezclando cuentas personales y de la sociedad, con el riesgo de responsabilidad del administrador.

  • Mantener contratos, líneas de negocio o inversiones claramente deficitarias, en lugar de acometer a tiempo una reestructuración operativa.

  • Negociar aisladamente con acreedores sin una estrategia global ni un marco jurídico (plan de reestructuración), lo que suele derivar en pactos frágiles y difíciles de cumplir.

6. Oportunidades en medio de la crisis

Aunque el contexto actual es exigente, también abre oportunidades para empresas que se anticipan:

  • Reestructurar deuda y adaptar la estructura financiera a la realidad del negocio, reduciendo la carga de intereses y alargando plazos.

  • Reordenar la actividad, desprendiéndose de líneas no rentables y concentrándose en el núcleo rentable del negocio.

  • Aprovechar el concurso como marco para vender unidades productivas en funcionamiento y preservar empleo y know‑how.

  • Redefinir relaciones con acreedores estratégicos (bancos, proveedores clave) desde una posición ordenada y con respaldo judicial.

Bien utilizado, el derecho concursal no es solo un “cementerio de empresas”, sino una herramienta para salvar proyectos viables con problemas de liquidez o de estructura financiera.

7. Claves prácticas para el empresario

Para una pyme o un autónomo, algunas pautas básicas pueden marcar la diferencia:

  • Revisar periódicamente la situación de tesorería y endeudamiento, con proyecciones realistas a 6‑12 meses.

  • Pedir asesoramiento especializado en insolvencias ante las primeras señales serias de tensión, sin esperar al impago generalizado.

  • Valorar si un plan de reestructuración podría ser más adecuado que ir directamente a concurso.

  • Documentar bien la toma de decisiones del órgano de administración, para reducir riesgos de responsabilidad.

  • Mantener una comunicación honesta con bancos y proveedores clave, pero dentro de una estrategia jurídica y financiera coherente.