En los dos últimos años los concursos de acreedores han vuelto al centro del debate público porque se han disparado a niveles récord, superando los datos de la crisis financiera y de la pandemia.
Según los registradores y distintos observatorios, en 2025 se habrían tramitado en torno a 57.000 concursos en España, lo que supone un incremento de alrededor del 40% respecto al año anterior y de cerca del 65% en solo dos años.
Este crecimiento pone en cuestión el relato de una recuperación económica lineal y revela un tejido empresarial muy tensionado, especialmente en sectores intensivos en crédito y muy expuestos a los tipos de interés.
Los medios generalistas dedican ya secciones específicas y actualizadas diariamente a noticias sobre concursos de acreedores de grandes empresas y pymes.
Datos recientes: subidas fuertes y cierto “freno” en 2026
Varios análisis privados y corporativos muestran que 2023 y, sobre todo, 2024‑2025 concentraron una escalada en el número de concursos, con cifras trimestrales inéditas desde que hay registros.
Por ejemplo, se han documentado trimestres con más de 15.000 concursos presentados, y un cierre de 2025 con alrededor de 57.674 procedimientos en todo el año, más de 17.600 solo en el último trimestre.
Sin embargo, los primeros datos de 2026 apuntan a un ligero descenso estadístico: algunos informes detectan caídas interanuales de entre el 12% y el 14% en enero y en el primer trimestre, con unos 1.561 concursos frente a cifras más altas del año anterior.
Varios expertos advierten de que esta aparente “calma” podría ser un espejismo, ligado a la prolongación de moratorias contables y a factores coyunturales que retrasan la afloración de insolvencias.
Sectores y territorios más afectados
Los concursos se concentran en comercio, construcción e inmobiliario, e industria manufacturera, seguidos por servicios a empresas y hostelería.
Territorialmente, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña agrupan buena parte de la concursalidad empresarial, superando juntas más del 60‑70% de los procedimientos en algunos ejercicios recientes.
Los mayores crecimientos más recientes se han observado en comunidades como Aragón, La Rioja o Murcia, mientras que regiones como Cataluña o Asturias muestran descensos importantes en las cifras de concursos.
Esta asimetría territorial refleja tanto diferencias sectoriales como el impacto desigual de fenómenos como la subida de tipos, la inflación de costes o episodios climáticos extremos.
Factores que explican la situación actual
Varios estudios señalan que el fin progresivo de las ayudas Covid y de ciertas moratorias, unido a un entorno de tipos de interés elevados, ha deteriorado la situación financiera de muchas empresas que habían sobrevivido “con respiración asistida”.
España mantiene además una moratoria contable hasta finales de 2026 respecto de determinadas pérdidas de 2020‑2021, lo que está conteniendo el número de disoluciones y retrasando concursos que previsiblemente aflorarán en 2027.
Los economistas forenses apuntan a que, mientras en 2025 las insolvencias no aumentan de manera homogénea en todos los países, en España se espera todavía un ligero repunte adicional en 2026‑2027 por el efecto combinado de la retirada completa de moratorias y del agotamiento del margen financiero de muchas pymes.
Se insiste también en el papel de los costes energéticos, la inflación de materias primas y el endurecimiento del crédito bancario como motores de esta ola concursal.
Tendencias jurídicas y de práctica concursal
Desde la reforma concursal de 2022, los planes de reestructuración han ido ganando peso como mecanismo preconcursal, especialmente entre micros y pequeñas empresas.
Algunos informes señalan que desde 2023 el uso de estos planes ha crecido de forma sostenida, hasta rozar ya los 900 planes de reestructuración en 2025, de los que alrededor del 75% corresponderían a micro y pequeñas empresas.
En paralelo, se observa un incremento notable de concursos de autónomos, que en 2024 llegaron a representar más de la mitad de los concursos del sector económico‑empresarial, superando en peso a las micropymes.
Esto encaja con la mejora del mecanismo de segunda oportunidad introducida por la reforma, que ha facilitado que el empresario persona física se acoja a mecanismos de exoneración de pasivo.
La estadística concursal presenta, además, cierta complejidad: distintas fuentes (Registro de la Propiedad, CGPJ, BOE, observatorios privados) ofrecen cifras parcialmente divergentes y obligan a leer los datos con cautela.
Algunos analistas hablan ya del “espejismo estadístico” de la caída de concursos en 2026 para alertar de una posible “insolvencia silenciosa” que todavía no se ha traducido en procedimientos formales.
¿Qué oportunidades y retos abre esta situación?
Para las empresas en dificultades, el auge de la reestructuración preconcursal abre una ventana para actuar antes del concurso, negociar quitas y esperas y preservar valor empresarial.
La combinación de planes de reestructuración, refinanciaciones y segunda oportunidad se está consolidando como un verdadero derecho concursal preventivo, que exige planificación financiera y asesoramiento temprano.
Para acreedores, proveedores y entidades financieras, el escenario actual obliga a reforzar la vigilancia del riesgo, utilizar bases de datos de información concursal actualizada y revisar políticas de crédito y garantías.
Al mismo tiempo, el aumento de concursos y reestructuraciones genera demanda para profesionales especializados en insolvencia, valoración de empresas, reestructuración operativa y litigación concursal.