Revisar el extracto de la cuenta y descubrir que el banco nos ha cargado 40, 60 o más euros al año por «mantenimiento» y «administración» es una de las situaciones más recurrentes en las reclamaciones de los consumidores españoles. El tema genera indignación, pero conviene separar dos preguntas que a menudo se confunden: ¿es cara esta comisión? y ¿es abusiva esta comisión? No siempre coinciden.

Las comisiones son libres, pero no pueden cobrarse por cualquier cosa

En España, con carácter general, las entidades tienen libertad para fijar el precio de sus servicios: el Banco de España no autoriza ni establece el importe de las comisiones ordinarias. Las excepciones son tasadas: las comisiones por cancelación o amortización anticipada de préstamos hipotecarios y de crédito al consumo, y las que pueden aplicarse a una cuenta de pago básica (Banco de España – Cliente Bancario).

Ahora bien, la libertad de precios no es la ley de la selva. La Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección de la clientela bancaria, exige que una comisión solo pueda percibirse cuando se cumplan dos requisitos a la vez: que responda a servicios efectivamente prestados o gastos habidos, y que el cliente haya solicitado en firme o aceptado expresamente ese servicio . Un banco puede cobrar caro, pero no puede cobrar por algo que no hizo ni por algo que el cliente no pidió.

Cuándo una comisión es «abusiva»: el criterio del Tribunal Supremo

La palabra «abusiva» tiene un significado técnico en Derecho de consumo. Una cláusula es abusiva cuando no supera el control de transparencia (el cliente no pudo conocer realmente el coste) o el control de contenido (provoca un desequilibrio injustificado en su perjuicio).

El Tribunal Supremo ha matizado recientemente este terreno. Su sentencia 190/2026, de 10 de febrero, recuerda que la protección del consumidor no puede confundirse con una presunción automática de abuso: que el sector financiero haya tenido prácticas abusivas no significa que todo cobro sea sospechoso. Para las comisiones vinculadas a préstamos, la jurisprudencia (STS 816/2023, confirmada en resoluciones posteriores) aplica un test de cuatro elementos: que se cumpla la normativa vigente, que no haya solapamiento de comisiones por el mismo concepto, que figure claramente en el contrato y que el cliente tuviera conocimiento previo.

En la práctica, los casos con más recorrido judicial son:

  • Comisiones por servicios no prestados o no solicitados, el supuesto más claro de devolución.

  • Cargos por importe distinto del pactado o modificaciones comunicadas sin el preaviso de dos meses que exige la normativa.

  • Solapamiento: cobrar por el mismo servicio bajo etiquetas distintas (mantenimiento + administración + gestión).

El escudo de la cuenta de pago básica

La Directiva europea 2014/92/UE garantiza a cualquier persona el derecho a una cuenta de pago básica, y España ha ido más allá. La comisión máxima, única y conjunta es de 3 euros al mes e incluye uso ilimitado de la cuenta, retiradas de efectivo en euros en cajeros y pagos con tarjeta de débito, además de hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la UE (Banco de España). Además, las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera tienen derecho a esta cuenta totalmente gratuita.

Es una herramienta infrautilizada: muchas personas que acumulan descubiertos y comisiones recurrentes cumplirían los requisitos y siguen pagando por una cuenta ordinaria.

La competencia ha cambiado el mercado

La buena noticia es que el mercado ha evolucionado a favor del consumidor. Hoy conviven decenas de cuentas sin comisiones de mantenimiento ni administración, tanto en la banca tradicional (BBVA, Santander, Sabadell, CaixaBank, Bankinter, ING) como en la banca digital (Openbank, imagin, Revolut, Trade Republic, B100, N26), muchas sin exigir siquiera la domiciliación de la nómina .

Que una entidad ofrezca cuentas gratuitas no significa que todas sus cuentas lo sean: los mismos grupos mantienen productos con comisiones condicionadas a vinculación (nómina, recibos, saldo mínimo). La trampa habitual es que el cliente deja de cumplir la condición —por ejemplo, cambia de trabajo— y el banco empieza a cargar la comisión, algo que debe comunicar con dos meses de antelación.

Cómo reclamar, paso a paso

  1. Reúne las pruebas: extractos donde figuren los cargos, contrato de la cuenta y folleto de tarifas vigente en cada fecha.

  2. Identifica el vicio: servicio no prestado, servicio no aceptado expresamente, importe distinto del pactado o falta de preaviso de modificación.

  3. Presenta hoja de reclamación o escrito ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad. Si el asunto afecta a servicios de pago (cuentas, tarjetas, transferencias, recibos), dispone de 15 días hábiles para responder; un mes en el resto de casos.

  4. Si la respuesta no es satisfactoria, acude al Servicio de Reclamaciones del Banco de España (gratuito) o a los reclamadores de las comunidades autónomas; también cabe la vía judicial, y en consumo cabe la reclamación colectiva.

  5. Simultáneamente, compara y cambia: dada la oferta actual, quedarse pagando comisiones de mantenimiento es, en muchos casos, una decisión evitable.

Conclusión: rigor, no indignación

El discurso de «todas las comisiones son un atraco» es tan inexacto como el de «el banco cobra lo que quiere porque es libre». La realidad está en medio: los precios son libres, pero su aplicación está condicionada a la transparencia, a la prestación efectiva del servicio y al consentimiento del cliente. La mejor defensa combina tres hábitos: revisar el estado anual de comisiones, conocer el régimen de la cuenta básica y de las cuentas gratuitas del mercado, y reclamar con las pruebas sobre la mesa cuando el cargo no supera el filtro legal.