El crédito al consumo ha cambiado de rostro en la última década. Ya no hace falta acudir a una sucursal ni justificar ingresos con nóminas: hoy basta una app y unos clics para disponer de dinero al instante. Dos productos encabezan esta transformación, las tarjetas revolving y los microcréditos rápidos, y ambos comparten un rasgo peligroso: aparentan ser una solución inmediata, pero su coste real puede multiplicar varias veces el dinero recibido.
En este artículo explicamos cómo funcionan, por qué la justicia española ha intervenido con fuerza en los últimos años, qué cambios regulatorios están en camino y cómo protegerse antes de firmar.
¿Qué es una tarjeta revolving y por qué puede ser una trampa?
Una tarjeta revolving (de revolve, girar) es una tarjeta de crédito con un límite renovable: cada mes el titular paga una cuota mínima (un porcentaje pequeño de la deuda o una cantidad fija) y el capital no amortizado vuelve a generar intereses, que se recomponen sobre el saldo pendiente. El crédito «gira» indefinidamente mientras se mantengan los pagos.
El problema está en el mecanismo de amortización. Al pagar solo el mínimo, gran parte de cada cuota se destina a intereses y comisiones, y muy poco a reducir el principal. El resultado es una deuda que puede prolongarse durante años por compras que ya están pagadas varias veces. La OCU lo resume con crudeza: en la modalidad revolving «el usuario va pagando una cuota por una cantidad menor a la que le correspondería, de forma que la deuda no para de aumentar» .
Los tipos habituales de estas tarjetas rondan el 20% TAE o más, muy por encima de los de un préstamo personal bancario. Y si se produce un impago, se suman comisiones por reclamación de posiciones deudoras e intereses de demora que disparan aún más el saldo.
El giro jurisprudencial: del 6% de 2015 a la regla de los 6 puntos
España ha vivido una verdadera revolución judicial en esta materia. La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 declaró nulo por usurario el interés de una tarjeta revolving aplicando la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, una norma centenaria que ha recuperado todo su vigor (BOE, comentario a la STS 628/2015).
La sentencia 149/2020, de 4 de marzo, consolidó esa doctrina y abrió una segunda vía de ataque: la falta de transparencia. Aunque el interés no fuera usurario, el contrato podía anularse si la información precontractual no permitía al consumidor comprender el producto y sus riesgos (BOE, comentario a la STS 149/2020).
El criterio vigente lo fijó la sentencia 258/2023, de 15 de febrero, que el Tribunal ha reiterado de forma constante desde entonces: el interés es usurario, y el contrato nulo, cuando supera en más de 6 puntos porcentuales el tipo medio del mercado para tarjetas de crédito y revolving publicado por el Banco de España (BOE, comentario a la STS 258/2023). Ese tipo medio se sitúa actualmente en torno al 20%, por lo que el umbral práctico de la usura queda en aproximadamente el 26-27% TAE (OCU, «El Supremo establece cuándo es usurario un interés»).
Más recientemente, el Tribunal Supremo ha consolidado también la doctrina de la transparencia: la información normalizada debe entregarse antes de la firma, y la entidad debe explicar de forma comprensible la relación entre la TAE, el sistema de amortización y los riesgos del producto. Si no lo hace, la cláusula de intereses puede declararse nula (OCU, nota de prensa sobre las sentencias del Supremo).
Microcréditos: el dinero más caro del mercado
Los microcréditos rápidos son préstamos de importes pequeños (habitualmente entre 50 y 800 euros, con un máximo frecuente en torno a 600 euros) que se conceden por internet o teléfono, casi sin documentación, en cuestión de minutos o pocas horas (Banco de España, intervención pública sobre crédito al consumo).
Detrás de tantas facilidades hay un coste desproporcionado. La OCU ha documentado microcréditos con TAE superiores al 3.000%: por un crédito de 300 euros a 30 días se pueden cobrar más de 90 euros de comisiones e intereses, y existen casos de entidades con TAE del 380% o incluso del 432% (OCU, «Microcréditos usurarios, ¡mucho cuidado!»).
Dos agravantes hacen estos productos especialmente peligrosos:
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El primer préstamo «gratis». Muchas empresas ofrecen el primer microcrédito sin coste aparente para captar clientes. Es, en palabras de la OCU, una «tentación envenenada»: si no se paga en plazo, los intereses de demora (que pueden superar el 1,5% diario) empiezan a acumularse de inmediato (OCU Cataluña, nota de prensa).
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La espiral de impago. Un retraso de dos meses en un préstamo de 300 euros puede convertir la deuda en unos 700 euros; a los seis meses, en unos 1.500. Se suma la inclusión en registros de morosos y la posible venta de la deuda a empresas de recobro con prácticas en los límites de la legalidad (OCU Cataluña).
Un factor estructural agrava el problema: buena parte de estas empresas no son entidades de crédito y no están supervisadas por el Banco de España, lo que dificulta la reclamación efectiva (OCU Cataluña). Además, el propio Banco de España ha advertido del rápido crecimiento de este segmento (por encima del 15% anual) y de su potencial impacto en el sobreendeudamiento de las familias (OCU, Stop Usura).
Lo que viene: límites legales al interés y más supervisión
La respuesta regulatoria está en marcha en dos planos.
En el europeo, la nueva directiva de crédito al consumo amplía su ámbito a contratos de hasta 100.000 euros, incluidos los de menos de 200 euros y los microcréditos, e insta a los Estados miembros a adoptar medidas para que los tipos, las TAE y los costes totales no sean excesivamente elevados (Banco de España, Cliente Bancario). Aunque el plazo de transposición venció el 20 de noviembre de 2025, su aplicación está prevista para el 20 de noviembre de 2026 (Banco de España, Cliente Bancario).
En el nacional, el anteproyecto de nueva ley de crédito al consumo establece límites a los tipos de interés y al coste de los créditos que afectarán a todos los productos de financiación: crédito al consumo, microcréditos, tarjetas revolving y préstamos rápidos en plataformas digitales. La norma crea además dos nuevas figuras de prestamista, los «Establecimientos Financieros de Crédito de Actividad Limitada» y los «Prestamistas de alto coste», y somete a la mayor parte de los prestamistas a la autorización y supervisión del Banco de España. También refuerza la comprobación de solvencia previa y la entrega de información precontractual, con el objetivo declarado de evitar el sobreendeudamiento (Banco de España, Cliente Bancario).
En paralelo, la Orden ETD/699/2020 ya regula desde 2021 el crédito revolvente con exigencias detalladas de información precontractual y un objetivo mínimo de devolución anual del 25% del límite concedido (BOE, Orden ETD/699/2020).
Cómo protegerse: cinco reglas prácticas
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Mira siempre la TAE, no la cuota. La cuota mensual puede parecer asumible; la TAE revela el coste real anual. Si en una revolving o microcrédito supera con claridad el tipo medio del Banco de España para esa categoría (en torno al 20% en tarjetas), hay riesgo de usura.
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Exige la información antes de firmar. El contrato y la ficha europea de información normalizada deben entregarse con antelación. Su ausencia es hoy motivo de nulidad.
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Desconfía del primer crédito gratis. Es una técnica de captación; el coste aparece en el segundo préstamo o en el primer retraso.
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Evita pagar solo el mínimo de la revolving. Configura la cuota para amortizar capital, no solo intereses, o usa la tarjeta en modalidad de pago a fin de mes.
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Si ya tienes una deuda de este tipo, reclama. Las sentencias del Tribunal Supremo permiten pedir la nulidad del contrato y la devolución de lo pagado por encima del capital recibido. Antes de acudir a la vía judicial, cabe reclamar ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad y ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
Conclusión
Tarjetas revolving y microcréditos responden a una necesidad real de liquidez inmediata, pero su diseño los sitúa entre los productos financieros más caros del mercado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo —la regla de los 6 puntos sobre el tipo medio y el control de transparencia— y la próxima ley de crédito al consumo están restringiendo un espacio que durante años quedó a la intemperie. Mientras la nueva regulación llega, la mejor defensa sigue siendo la misma de hace un siglo, cuando se aprobó la Ley de Usura: entender lo que se firma y desconfiar del dinero que llega demasiado fácil.